LA FRASE

"LO QUE LE COSTARON A ADORNI LOS ARREGLOS EN SU CASA ME DA LA RAZÓN EN NO HACER OBRAS: LOS EMPRESARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN SON TODOS CHOROS." (JAVIER MILEI)

miércoles, 6 de mayo de 2026

TWEETS POLÉMICOS

 

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martes, 5 de mayo de 2026

COMO ARMAR DESARMANDO

 

Este lunes apareció publicado en el Boletín Oficial el DNU 314 (completo acá), por el cual Milei aprueba el "Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino "; cuyos fines son "...el reequipamiento, la modernización, el desarrollo de infraestructura estratégica y la recuperación de capacidades del Sistema de Defensa Nacional,...".

A esos fines, el DNU dispone destinar el 10 % del producido de la venta de inmuebles del Estado nacional que el gobierno está llevando adelante en el marco de la ley bases, porcentaje que podrá elevarse hasta el 70 % si los bienes vendidos estaban afectados al uso de las Fuerzas Armadas. En el decreto se mencionan tanto la Ley 24948 (1998), cuyo artículo 19 dispuso diferentes alternativas para su reequipamiento, como la Ley 27565 de 2020, que creó el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF); y se señala que lo que dispone no excluye lo que establecen esas normas, sino que las complementa.

Lo que está haciendo Milei por el DNU -firmado a la vuelta de hacer cosplay de Top Gun en un portaaviones yanqui que navega el Mar Argentino sin autorización del Congreso nacional como manda la Constitución- es establecer una fuente contingente de recursos (que depende de que se vendan bienes del Estado, que salen de su patrimonio), para atender una necesidad permanente (el reequipamiento de las Fuerzas Armadas).

Vistas así las cosas en el contexto de un gobierno que mantiene a los uniformados con sueldos paupérrimos, desfinanció hasta quebrar y vaciar su obra social y está comprando chatarra estadounidense de rezago (como los F16) como si se tratara de tecnología de última generación, el DNU parece más dirigido a validar el remate del patrimonio público de los argentinos, que a modernizar y equipar a nuestras Fuerzas Armadas. 

Es decir está hecho más pensando en los negocios de Elsztain o Costantini, que en las necesidades de la defensa nacional; considerando además que la venta de terrenos y edificios de las FFAA están entre las operaciones más cuestionadas de la gestión libertario, incluso por opositores "razonables" como Pichetto.

Y ya que el decreto menciona a la ley que creó el FONDEF durante el gobierno de Alberto Fernández, recordemos que ésta dispuso en su artículo 3° distintos criterios a tener en cuenta en la adquisición de equipamiento para las fuerzas, siempre que fuera posible: "1. Favorecer la sustitución de importaciones, el desarrollo de proveedores y la inserción internacional de la producción local de bienes y servicios orientados a la defensa; 2. Promover la innovación productiva, inclusiva y sustentable, por medio de un mayor escalonamiento tecnológico; 3. Incrementar las acciones de investigación y desarrollo, tanto en el sector público como privado (y) 4. Mejorar las condiciones de creación, difusión y asimilación de innovaciones por parte de la estructura productiva nacional.". 

Ninguna salvedad hace al respecto el DNU, con lo que cabe suponer que en caso de llevarse a la práctica sus disposiciones, con esos recursos se seguirá comprando chatarra extranjera, sin transferencia de tecnología ni utilización acorde nuestras reales necesidades de defensa, o posibles hipótesis de conflicto.

Pero la mayor trampa del DNU está en lo que no dice, y es que a fines del año pasado, al aprobarse el Presupuesto nacional para éste año por la Ley 27798, se derogó el inciso a) del artículo 4° de la Ley 27565 de creación del FONDEF. Esa norma establecía el principal componente de los recursos del Fondo, que se debían destinar al reequipamiento de las Fuerzas Armas: un porcentaje del total de los Ingresos Corrientes previstos en el Presupuesto Anual Consolidado por el Sector Público Nacional, que desde 2023 era del 0,8 %; aporte que -según la misma norma-es independiente de los recursos que sean asignados al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Armadas en el presupuesto nacional.

Es decir que además del dato objetivo que desde éste año esos recursos los embolsa Caputo para hacer con ellos lo que se le antoje (como hace con el producido del impuesto a los combustibles líquidos que debía destinarse al mantenimiento de las rutas, o el Fondo de Educación Técnica), hay una diferencia cualitativa muy grande entre la ley del FONDEF y el DNU: una creaba una fuente permanente de recursos para atender una necesidad también permanente, el otro crea una fuente que el día que no queden inmuebles para vender se agota, y el reequipamiento militar que lo financie Magoya (muy posiblemente tomando deuda), si es que se hace.

Eso sin contar que estamos ante un gobierno que deja de lado la discusión sobre la prioridad entre gastar en la defensa del país u otros fines, porque decidió de entrada no gastar en nada que no sea pagar la deuda; como lo pueden comprobar los jubilados, las universidades nacionales, los que andan por las rutas del país, los investigadores científicos o las personas con discapacidad y sus familias. 
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lunes, 4 de mayo de 2026

LAS COSAS POR SU NOMBRE

 

El video de apertura corresponde al discurso completo de Máximo Kirchner en un acto en Cañuelas, el pasado sábado 2.

Se entiende que no siempre es fácil disponer de 40 minutos para ver algo con detenimiento, pero en éste caso vale la pena.

Un poco para desmentir el lugar común del gordito jugando todo el día con la play que se ha construido en torno a su figura (creación de Lanata que hasta algunos compañeros terminaron comprando), y otro poco porque Máximo es lo más parecido que se puede encontrar a un vocero del pensamiento de Cristina, quien siempre prefirió ser su propia vocera, al menos en otros tiempos.

Se podrá o no estar de acuerdo con todo o parte de lo que dice en su discurso, pero vale la pena escucharlo, porque hay cosas que no son simples opiniones suyas, sino datos concretos de realidad, que algunos prefieren olvidar a menudo, por conveniencia.

Un recordatorio -si se lo quiere ver así- y hasta un encuadre político de la realidad que -al menos a nosotros- nos parece necesario para los tiempos que se vienen, en la política y en el país. 

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EL GOEBBELS SANTAFESINO

 


Decir tantas mentiras en un video de 2 minutos 25 segundos de duración debe ser un nuevo récord mundial. Más cuando los primeros 34 segundos los gasta el periodista amigazo que -casi pidiendo disculpas por preguntar- le dice a Pullaro que a Santa Fe no le caben las críticas que se hacen desde el gobierno nacional a otras provincias, porque acá el 60 % de la industria no paga Ingresos Brutos, y la actividad agropecuaria está exenta: esto último es cierto pero pasa desde 1993 (o sea que no tiene nada que ver Pullaro con eso), y lo otro, en fin, el muchacho debe tener su propia versión del Código Fiscal. En caso de duda, que les pregunte a los industriales santafesinos.

Pero vamos a desmenuzar las afirmaciones que hace Pullaro tratando de responder a las críticas plasmadas en el informe del CEPA que se conoció a principios sobre la evolución de la planta de personal ocupado de la provincia; y -más importante pero olvidado por el periodista en la entrevista- sobre la evolución del poder adquisitivo de los salarios de los empleados públicos provinciales de todos los sectores.

1) Dice Pullaro "Nos comprometimos a bajar la planta de personal de la provincia y cumplimos, porque tenemos 5000 empleados públicos menos". Es difícil saber si dice o no la verdad, porque (cosa que veremos más abajo) no hay información oficial actualizada disponible al respecto, al menos en Internet.

De hecho, según los últimos datos la provincia tenía (en sus tres Poderes y todos sus organismos ty reparticiones) 155.717 empleados en diciembre del 2023 (teniendo en cuenta que la mayor parte de ese mes corresponde a la nueva administración que iniciaba su mandato), y 157.427 a marzo de 2025 (último dato disponible). O sea, no solo no tenía menos, sino que tenía 1710 más; de modo que para que lo dice Pullaro sea cierto debería haber habido un montón de despidos, renuncias, fallecimientos o jubilaciones, y en ese caso, su gobierno habría contribuido a aumentar el déficit de la Caja de Jubilaciones (aun habiéndoles metido la mano en el bolsillo a los trabajadores activos y pasivos de la provincia), al disminuir el número de aportantes y aumentar el de jubilados.

2) Dice Pullaro que los contratados de la Administración Pública que permanecen dos años en esa condición adquieren por ese solo hecho el derecho a ser pasados a planta permanente. Si eso fuera así (que no lo es) su gobierno violó las normas al dejar sin efecto más de 800 designaciones de contratados en planta permanente hechas por el gobierno de Perotti en el marco de los acuerdos en paritarias con los distintos sectores de gremios estatales. Al hacerlo violó las leyes de paritarias, pero ese es otro asunto: pasar a los contratados a planta permanente es una decisión política que cada gobierno puede o no tomar, de hecho al hacerlo Perotti benefició a contratados que venían en esa condición desde los gobiernos del socialismo, por mucho más tiempo que dos años.

3) Frente a ese problema (que reiteramos, es político y no jurídico) dice Pullaro que "le encontraron un formato" para que nos les pase, designando como "empleados de gestión" a los AT (Asistentes Técnicos), que cobran menos o lo mismo que los contratados pero no quedan en planta, porque llegaron con ellos y se van con ellos. Eso último no se puede refutar, simplemente porque no se fueron y todavía están en el gobierno, veremos en su momento que hay de cierto en sus dichos.

Sobre los salarios, otro tanto: no solo que no hay información disponible para comprobarlo, sino que su nivel depende de cada contrato individual (no hay escalafones), o de cada designación individual de AT (Asistente Técnico). Lo que sí hubo (no en éste gobierno, precisamente) es un monto mínimo garantizado para el personal contratado, y (esto si en éste gobierno) "ascensos de categoría" (y de salarios) para los AT.

Tampoco es cierto que "le encontraron un formato": los AsistentesTécnicos (AT) son una figura creada por el Decreto 154 firmado en diciembre de 2003 por Jorge Obeid. Lo que sí hizo Pullaro (por los Decretos 45/23 y 458/24) fue modificarlo, creando doce (12) categorías de "Asistentes Técnicos" (AT), como si tuvieran su propio escalafón (el del personal de planta permanente tiene solo 9 categorías). Y los AT vinieron a reemplazar al Personal de Gabinete (Clase 08 en el presupuesto), que existía desde 1984. De hecho, si las palabras de Pullaro sobre "buscarle la vuelta" se tomaran en forma literal, significarían que está admitiendo que cometió fraude laboral .  

4) Dice Pullaro que "todas las administraciones anteriores dejaron capas geológicas de empleados públicos", y es prematuro aun saber si la suya no lo hará, porque aun le queda un tercio de mandato. Pero entre esas administraciones que engrosaron el plantel estatal están las del Frente Progresista entre 2007 y 2019, de las que la UCR y el propio Pullaro como funcionario, fueron parte. De hecho, los empleados de la provincia pasaron de 110.962 en diciembre de 2007 (cuando Obeid fue sucedido por Binner) a 142.363 en diciembre de 2019, cuando Perotti sucedió a Lifschitz.

Después podemos discutir como se desglosa ese aumento y cuantos de los nuevos cargos corresponden a policías, médicos, enfermeras o docentes, pero aportamos las cifras porque Pullaro no discrimina (o sí), y habla de "capas geológicas"; cosa que además siendo como es (radical, y por ende compuesto en un 30 % de agua y un 70 % de empleo público), debería ser un poco más prudente.

5) Dice Pullaro -en un tramo un poco confuso- que los AT (Asistentes Técnicos) son "empleados de gestión", pero que funcionarios políticos, lo que se dice funcionarios políticos, ellos tienen menos que el gobierno anterior. Miente, por supuesto: los funcionarios políticos (técnicamente llamado Autoridades Superiores, clase 01 en el presupuesto) comprendiendo en tal categoría los ministros, secretarios de Estado, secretarios ministeriales, subsecretarios, directores provinciales, miembros del directorio de las empresas y sociedades del Estado, representantes de la provincia en otro entes, etc, eran 419 durante el gobierno de Perotti, y son 560 con el gobierno de Pullaro: un incremento del 33,65 % de un gobierno al otro. 

6) Tratando de refutar al CEPA, dice Pullaro que el informe es engañoso, y que los datos reales están, y ellos saben donde buscarlos. Que nos cuente a todos, así vamos y nos fijamos, porque como pueden ver acá su gobierno -que lleva 29 meses de mandato- dejó de publicarlos desde diciembre del 2023, solo publicó los datos de marzo del 2025 (ninguno del 2024, ni del resto del 2025, ni de éste año).

¿Acaso para que no se notara que no es que triplicaron el plantel político en relación al que tenía Perotti (como dice el informe del CEPA y Pullaro desmiente), sino que lo quintuplicaron? Porque al momento de subir estás líneas, Pullaro contaba (designaciones vigentes con sueldos liquidados) con 2503 cargos políticos, fruto de sumar 560 funcionarios (Autoridades Superiores) y 1943 Asistentes Técnicos (Personal de Gabinete o AT); contra 534 de Perotti (419 funcionarios y 115 AT). 

4,69 a 1 sería la relación de un gobierno al otro; que ojalá la tuviera la Caja de Jubilaciones y Pensiones entre aportantes y jubilados, así no hubiera hecho falta bolsiquear a los empleados públicos y jubilados provinciales con la reforma previsional que impulsó el actual gobernador.

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domingo, 3 de mayo de 2026

TWEETS POLÉMICOS

 

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sábado, 2 de mayo de 2026

TWEETS POLÉMICOS

 

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viernes, 1 de mayo de 2026

EL PEOR DÍA

 

El año pasado para éste mismo día, pintábamos un panorama de la situación de los trabajadores en el país en  ésta entrada, cuya relectura recomendamos, porque mantiene plena vigencia. Sobre todo porque desde entonces la cosa no hizo más que empeorar, tanto que podemos afirmar -sin temor a equivocarnos- que estamos transitando el peor Día del Trabajador desde el retorno a la democracia.  

Empezando por el hecho más relevante producido desde entonces, que fue la aprobación en el Congreso (con un respaldo amplio, como el que lamentablemente hay en muchos sectores de la sociedad) de la ignominiosa reforma laboral; presentada como la panacea para crear empleos, cuando en realidad es la plataforma para destruirlos.

Como era de esperarse (y aun nos dijeron que uno de sus propósito era terminar con lo que llaman la industria del juicio laboral), la reforma se judicializó y hubo diversos fallos en todo el país suspendiendo la aplicación de sus puntos más controversiales, el más conocido el recaído en la causa promovida por la CGT. Que para sorpresa de nadie, fue revertido por el gobierno con un escandaloso canje de favores, a cambio de un nuevo nombramiento como juez de uno de los camaristas que estaba en edad de cesar en el cargo.

También hubo un fallo de la Suprema Corte bonaerense restableciendo algo de racionalidad en el manicomio, declarando que los trabajadores de las aplicaciones de pedidos y repartos a domicilio son lo que son: trabajadores, y deben ser tratados como tales, con los derechos inherentes a esa condición. Y esta misma semana en la cena de la Fundación Libertad (un antro donde lo premiaron entre otras cosas, por estar promoviendo una destrucción planificada del trabajo, el empleo y los derechos laborales), Milei dijo que el único que la está pasando mal en el país en estos dos años es él, porque no se aumentó su sueldo; al mismo tiempo que se jactó de haber virtualmente congelado los salarios de los trabajadores del Estado.   

Con lo cual confirmó de un modo perverso lo que todo sabíamos: que la principal ancla contra la inflación son los salarios, que es consciente de que deteriorando su poder adquisitivo la gente la pasa mal pero no le importa y no está dispuesto a hacer nada para cambiarlo, y que el modelo consiste básicamente en propiciar una descomunal transferencia de ingresos en beneficio del capital y en desmedro del trabajo. 

Los despidos, la destrucción de puestos de trabajo, el cierre de empresas y aun su quiebra y vaciamiento planificados (para reconvertirse en importadores o simplemente fugar capitales y evadir obligaciones legales) están a la orden del día; y los trabajadores, sus empleos y sus salarios son siempre la principal variable de ajuste, sobre la que termina cayendo el peso de pagar los platos rotos.

Y aun ese contexto, la clase política -en gran parte- se pliega al discurso patronal contra la industria del juicio, o el alto costo laboral; omitiendo que no es cierto que la mayoría de los trabajadores termina demandando a sus empleadores en la justicia (como si ejercer ese derecho constitucional fuera además un delito), y ocultando sobre todo las causas que originan los litigios en trámite: la mitad son por accidentes de trabajo causados por incumplimiento patronal de las normas de higiene y seguridad, y la otra mitad reclamando indemnizaciones por despido no pagadas, o por relaciones laborales informales o fraude laboral.

Todos aspectos que la reforma laboral trata de solucionar precarizando aun más las relaciones (al punto de legitimar el fraude laboral y consagrar la des-laboralización de situaciones objetivas de empleo en relación de dependencia), en violación a la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por el país; violaciones que no serían posibles si el Estado (en todo sus niveles) no hubiera decidido abandonar por completo sus obligaciones inherentes al poder de policía del trabajo, para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes.

Aun en éste contexto, en la reforma de la Constitución de Santa Fe (provincia en la que los empresarios se quejan del alto número de juicios laborales) aprobada el año pasado alguien creyó oportuno y necesario incluir en el texto del nuevo artículo 23 (que habla de los derechos de los trabajadores y su protección) un reconocimiento "...a las personas humanas y jurídicas que generan empleo en el ámbito privado como actores fundamentales del desarrollo productivo y social...".

Frente a esta lacerante realidad, la respuesta del gobierno de Milei (cuya responsabilidad política es extensible a todos los que apoyaron en el Congreso las leyes contra los derechos de los trabajadores es un llamado a la resignación, y a la aceptación de este estado de cosas como un fenómeno físico o natural inevitable (y no la consecuencia de políticas económicas diseñadas con ese fin); porque hay que reconvertirse para poder conseguir empleo en las (pocas) actividades que ganan con el modelo, que además no lo generan en número suficiente con los empleos que el mismo modelo destruye, y hasta con el propio crecimiento demográfico. En síntesis, han instalado la idea de que si un trabajador pierde su empleo es culpa suya por no saber adaptarse, y no de un modelo que lo expulsa.

La salida política y electoral a este estado de cosas requiere inexorablemente que la problemática del mundo del trabajo sea la base central del programa opositor, con el compromiso explícito de derogar la inicua reforma laboral en el primer orden de las prioridades, pero eso es solo una parte del problema: es menester además que haya una profunda recuperación de la conciencia de clase de los trabajadores -mucho de los cuales votan a sus verdugos, y adoptan su discurso-, porque como dijo alguien desde los balcones de la Casa Rosada un 17 de octubre de 1945, "...el renacimiento de una conciencia de los trabajadores, ...es lo único que puede hacer grande e inmortal a la patria.".

Feliz día -si cabe la expresión- a todos los trabajadores y trabajadoras, y a hacer que vengan tiempos mejores.

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